El alcalde de Jumilla Francisco Abellán ha dado a conocer unas medidas de reajuste del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación. Con ellas desaparecerán algunos incentivos a la construcción y a la compra, para destinarlos a la rehabilitación y el alquiler de vivienda protegida. Para Abellán este plan de austeridad se hace para que "en los próximos años se fomente la construcción derivándola a la rehabilitación de viviendas y barrios, en Jumilla a través de la Oficina de Rehabilitación se marcarán las directrices y se intensificarán los esfuerzos para que siga adelante esta política".

El esfuerzo de austeridad marcado por el Gobierno para reducir el déficit público afectará- en mayor o menor medida- a todos los ministerios, también al de Vivienda que ha trasladado a las Comunidades Autónomas las líneas generales del reajuste presupuestario que aplicará al Plan de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) este año, 2011 y 2012. La reorientación del PEVR se aplicará con el máximo consenso entre CC.AA y los agentes sociales y económicos.

La línea central del reajuste que contempla el ministerio es redistribuir los recursos de forma que permitan reducir el gasto sin perder eficacia en los resultados de las políticas públicas de vivienda. Se va a hacer cumpliendo con la propuesta de resolución del Debate sobre el Estado de la Nación que establece que la rehabilitación y el alquiler serán las líneas prioritarias y evitando que la ayuda pública del Estado a la Vivienda se mantenga paralizada o improductiva por la gestión de las ayudas de algunas Comunidades Autónomas.

Eso supondrá retirar algunos estímulos fiscales y ayudas destinados a promover la construcción y compra de vivienda protegida para destinarlos a apoyar la rehabilitación y el alquiler porque hay más demanda social de vivienda protegida en alquiler que de compra y por el impacto económico y de generación de empleo de la rehabilitación.

Con estas medidas se converge hacia dos objetivos estratégicos del Gobierno en 2020: Aumentar el parque de viviendas en alquiler al 20% y hacer llegar al 35% de la rehabilitación e el sector inmobiliario residencial.