La concejala de Política Social, Salvi Pérez, quiere poner en conocimiento de los ciudadanos que las subvenciones a pensionistas, familias numerosas y desempleados de larga duración por las que se bonificaba el 50% del recibo del IBI a dichos colectivos se encuentran fuera de la legalidad, según los informes emitidos tanto por la secretaria del Ayuntamiento como por la Dirección General de Administración Local, órgano este último al que le corresponde el asesoramiento a entidades locales sobre normativa vigente de Régimen Local.
Pérez asegura que: "El Partido Popular miente cuando declara que dichas subvenciones no han podido ser dadas a estos colectivos por un error en la gestión de la concejala de Política Social porque se cambiaron los requisitos de las ayudas. Tal y como se demuestra en el informe de la asesora jurídica del Centro de Servicios Sociales no es este el motivo de que las bases estén fuera de la legalidad, pues no se ha producido ningún cambio en los requisitos. Tampoco es cierto que el jefe de servicio del Programa de Trabajo Social pusiera reparo en la convocatoria. En su informe dice que al igual que otros años manifiesta su disconformidad de que dichas subvenciones se sigan tramitando desde Servicios Sociales pues son un mero trámite administrativo. Esto no tiene nada que ver con la legalidad de dichas bases ni con los requisitos".
La edil de Política Social, añade que: "Es, sin embargo, el informe de la Dirección General de la Administración Local el que dice que estas subvenciones no se ajustan a la legalidad vigente, ya que contravendría, entre otros, lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley de Haciendas Locales y que, además, no están dentro de las notas definitorias que para el concepto de subvención propugna el artículo 2 de la Ley General de Subvenciones. El motivo de la ilegalidad se basa en el objeto de la subvención cuando las bases dicen que estos colectivos encuentran problemáticas para el pago del IBI, así como cuando en los requisitos se indica que el importe de la subvención no podrá ser superior al 50% del importe de la cuota líquida anual del IBI. Estos dos motivos de ilegalidad aparecen redactados de forma idéntica en todas las bases, desde las de 2012 hasta las elaboradas para este año".
Salvi Pérez también hace referencia a las declaraciones de la rueda de prensa del Partido Popular en las que se asegura que están todos los informes técnicos que avalaban las bases de años anteriores, "cuando desde Secretaría se ha emitido informe en el que dice textualmente que no consta en el certificado de acuerdo de pleno celebrado el 28 de abril de 2014 la emisión de informe por escrito por parte de la secretaria general. Es más no aparece en Secretaria ni en Servicios Sociales el expediente en papel de ese año", indica.
Igualmente manifiesta que: "Todo lo que se expresa en esta nota de prensa está avalado por los correspondientes informes de los técnicos de este Ayuntamiento y de la Dirección General de la Administración Local. El Partido Popular utiliza estas mentiras para justificarse de la irresponsabilidad que han estado cometiendo ellos, al haber estado concediendo subvenciones durante tres años seguidos que ahora nos dicen que están fuera de la legalidad y lo hacen jugando de nuevo con las personas más necesitadas. Quiero dejar bien claro que este equipo de gobierno nunca va a hacer nada que las leyes no lo permitan y se actuará con total legalidad y transparencia. Decir también que nuestras políticas van orientadas a ayudar a todas las personas y familias que lo necesiten y así ha quedado demostrado cuando durante el periodo del año 2015 en el que hemos empezado a gobernar se han aumentado a más del doble el importe de las ayudas concedidas, cuando en los presupuestos de este año 2016 se ha aumentado la partida presupuestaria para las ayudas municipales en 30.000 euros y cuando hemos contratado ahora a través de un programa de empleo social a cinco trabajadores con contratos dignos y no sin derechos como los que hacía el Partido Popular".
Por último, la concejala concluye señalando que: "Insistimos de nuevo al Partido Popular a que se pronuncien sobre qué harían al respecto con unos informes en los que se hace constar que estas subvenciones son ilegales y lamentamos que manipule a nuestros ciudadanos con sus mentiras, utilizando la sensibilidad de las personas, aunque para ello tengan que recurrir a los colectivos más vulnerables. A esto se le llama engañar y hacer demagogia. Son ellos, el señor Calabuig y la señora Cruz, quienes deberían dimitir, por haber difundido una noticia falsa sobre la gestión de la Concejalía de Política Social a sabiendas de que era incierta".